2.- a) El Estatuto de Guernica representa la expresión de la voluntad mayoritaria de los vascos y constituye la norma institucional básica de que se ha dotado para su autogobierno, por lo que su acatamiento es una condición necesaria para alcanzar su definitiva normalización y pacificación.

b) El pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del Estatuto sigue siendo el marco válido para solucionar los conflictos de la sociedad vasca, por lo que todos los firmantes nos comprometemos a desarrollarlo en su plenitud.

c) Es la voluntad mayoritaria del pueblo, a través de sus representantes legítimos, y no ya de quienes pretenden imponer de forma violenta o autoritaria sus criterios sobre el conjunto de la sociedad, quien debe juzgar sobre la validez del Estatuto como instrumento de autogobierno y decidir su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el Estatuto y en la Constitución.

d) Frente a quienes pretenden que Navarra forme parte del régimen autonómico vasco al margen de la voluntad de los propios navarros y sus instituciones, proclamamos que sólo a los navarros corresponde decidir su propio futuro (...). Habida cuenta de que la relación con el territorio navarro es una aspiración sentida por amplios sectores de la sociedad vasca, los partidos firmantes, de conformidad con el ordenamiento jurídico, propiciaremos, de acuerdo con las instituciones navarras, la intensificación de esas relación a la creación de instrumentos que respondan a nuestras afinidades e intereses comunes.

3.- El Gobierno vasco está llamado a encabezar toda acción política y social frente a la violencia de cara a la consecución de la paz. Entendemos necesario y urgente establecer un acuerdo estable y definitivo entre el gobierno autónomo y central del que se derive una acción coordinada para combatir el terrorismo, en la que se contemple la asunción progresiva de responsabilidades en materia antiterrorista en consonancia con el acuerdo del Parlamento vasco del 16 de octubre de 1987, y en desarrollo del artículo 17 del estatuto de autonomía.

4.- Ante la violencia sistemática de los principios que conforman la convivencia democrática y especialmente el derecho a la vida, comparte la necesidad de la acción policial para que contribuya a la erradicación del terrorismo, a la protección de dichos principios y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores.

5.- Expresamos nuestra convicción de que la colaboración internacional entre los Gobiernos y distintos poderes judiciales es indispensable para la erradicación de la violencia, a fin de prevenir la comisión de nuevos atentados y evitar la impunidad de quienes los cometan.

6.- Nos comprometemos a velar porque la necesaria defensa del Estado de derecho contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro de la legalidad y de los derechos humanos, sintiéndonos legitimados para denunciar los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio.

7.- Dado que la ruptura que se ha producido en nuestra sociedad entre quienes mayoritariamente hemos optado por las vías democráticas y estatutarias y quienes continúan haciendo uso de la violencia sólo podrá superarse como consecuencia del cese de ésta, hacemos un llamamiento a quienes aún continúan utilizándola para que renuncien a ella como instrumento de acción política y se incorporen a la tarea común de busca, por los cauces mayoritariamente aceptados, de los instrumentos más adecuados para dar satisfacción a las aspiraciones compartidas de la la sociedad vasca.

8.- Hacemos un llamamiento a quienes ostentan representación parlamentaria y no ejercen sus derechos y obligaciones inherentes a la misma para que asuman las responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos.

9.- En consonancia con las responsabilidades adoptadas por unanimidad por el Parlamento vasco, consideramos válida y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto.

10.- Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

11.- La defensa de nuestro sistema democrático contra la violencia no requiere en la actualidad de una ley de carácter especial, por lo que apoyamos la derogación de la legislación especial contra el terrorismo y los principios de independencia, intervención e inmediación jurídica.

12.- Reiteramos nuestro apoyo al texto consensuado en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco en relación con las ayudas a víctimas de atentados terroristas y sus familiares, en sesión celebrada el 13 de mayo 1987.

13.- La gravedad de la situación de crisis que atraviesa la economía, con sus secuelas de paro, que adquiere en nuestro caso un carácter diferencial por el tejido industrial vasco y de la perpetuación de un clima de violencia, que dificulta la recuperación de nuestra economía a través de la inversión, refuerza nuestro empeño para lograr una situación normalizada.

Se urge a las instituciones públicas a intensificar las medidas necesarias para superar las graves consecuencias sociales de la crisis económica y para impulsar desde el sector público la creación de las condiciones precisas para la recuperación económica de Euskadi, al tiempo que nos comprometemos a crear un clima de pacificación y normalización que atraiga la confianza inversora imprescindible para la economía vasca.

14.- Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos vascos para que trabajen activamente en favor de la tolerancia, del respecto recíproco y de la libertad personal y colectiva como elementos básicos de la convivencia pacífica y constructiva de la sociedad.

Dirigimos muy especialmente este llamamiento a los responsables políticos, a los educadores, a los periodistas, quienes pueden desempeñar un papel importante en la pacificación de nuestra sociedad.

15.- Invitamos a todas las instituciones vascas a que se sumen a este acuerdo y trabajen en su respectivos ámbitos para lograr la plena instauración de la convivencia democrática en Euskadi.

16.- El contenido de este acuerdo se trasladará al Gobierno del Estado y a los partidos firmantes del Pacto de Madrid.

17.- El objeto de propiciar el diálogo permanente entre las distintas fuerzas políticas, profundizar en las vías que posibiliten la incorporación de quienes hoy no aceptan la voluntad mayoritaria del pueblo vasco y garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, solicitamos al "lehendakari" (jefe del Gobierno autónomo) que continúe liderando el proceso en aras de la total normalización del país.

Reserva de Eusko Altartasuna:

En relación con el punto tres, párrafo segundo, y su alusión al artículo 17 del Estatuto, EA considera imprescindible aclarar en términos inequívocos que el pleno desarrollo de la competencia policial de la comunidad autónoma vasca, según dicho artículo, significa que la comunidad autónoma vasca podrá ejercer la competencia exclusiva sobre todas las materias no citadas como supra o extracomunitarias en el el mencionado artículo, sin perjuicio de los plazos, procedimientos y actuaciones coordinadas que pudieran acordarse para un eficaz ejercicio de la competencia.