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<Ver artículo de Interviu> : La
conjura de los pantanos.
Enero
2.002: La Audiencia de Madrid ha ordenado al Juzgado
de Instrucción número 38 la reapertura del proceso por la
construcción de la presa de Santaliestra. La Audiencia, que admite
así un recurso presentado por el Consistorio de la localidad contra
el sobreseimiento provisional de la causa, considera que, de haberse
llevado a cabo el proyecto, hubiese originado un riesgo para los
habitantes de la zona.
La misma sentencia indica que la
documentación obrante pone de manifiesto que “los querellados han
admitido en sus declaraciones que el proyecto se aprobó sin realizar
los estudios geológicos y geotécnicos que deben ser imprescindibles
sobre el enclave y la construcción de una presa”.
<ver artículo en Aragón Digital>
Abril 2.002 El
fiscal pide ocho años de cárcel para el secretario de Estado de
Infraestructuras por prevaricación
<ver noticia publicada en El Mundo>
Febrero
2.003:
La Audiencia Provincial de Madrid
desestima la petición del abogado del Estado con la que se pretendía
impedir que el Ayuntamiento de Santaliestra reiterara las
acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente por medio de
recursos judiciales. Es decir, que se quería conseguir que no se
pudieran volver a poner sobre la mesa las irregularidades que pesan
sobre dicho ministerio.
Marzo
2.003:
La Audiencia Provincial de Madrid estima los recursos contra ex
altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y la CHE
(Confederación Hidrográfica del Ebro) por prevaricación y
malversación de fondos públicos. Los imputados son Benigno Blanco,
Carlos Escartín, Tomás Sancho y Dolores Carrillo, que también han de
responder ante la justicia por otros conflictos como el de Yesa.
Contra Benigno Blanco -sobre quien ya pesaban sendos cargos
por delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento
público en su anterior etapa de secretario de Estado de Aguas-, se
añade ahora la imputación de un presunto delito continuado de
infidelidad en la custodia de documentos públicos que no remitió a
los tribunales. De esta forma, la petición de penas por parte del
Ayuntamiento y la Fiscalía pasa de 10 a 14 años de prisión y también
se amplía en seis años la solicitud de inhabilitación.
La misma imputación de infidelidad en la custodia de documentos se
extiende a Carlos Escartín, que ocupó la Dirección General de
Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente, y a José María
Vizcaino, ex subdirector general de Proyectos y Obras.
Asimismo, los cargos contra Íñigo Barahona se amplían a la
acusación de falsedad en documento público en concurso medial con un
delito continuado de fraude y otro continuado de estafa, en relación
a las liquidaciones de la CHE y el Ministerio a las empresas
encargadas de redactar el proyecto técnico del embalses por trabajos
que según el Ayuntamiento de Santaliestra no fueron realizados.
También están procesados por diversos delitos -aunque ya no se
amplían los cargos- Tomás Sancho, ex presidente de la CHE, los
ingenieros de la Confederación Miguel Zueco y Francisco Fiteni
y el ex director general de Evaluación de Impacto Ambiental del
Ministerio, José González Lastra.
Todos los acusados han rechazado las acusaciones, algunos en
declaraciones o comparecencias públicas. (Publicado en El Heraldo de
Aragón el 8 de Abril de 2.003).
Mayo
de 2003:
El TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) anuló los
trámites que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) había
iniciado para empezar ya a expropiar terrenos, para lo que se basó
en una sentencia del TS (Tribunal Superior) de mayo de 2002. Ambas
resoluciones judiciales argumentan que la CHE no siguió los trámites
de expropiación dentro de la legalidad, ya que todavía no se ha
estudiado ni evaluado el impacto de la presa, lo que es requisito
imprescindible para garantizar la viabilidad y seguridad del
proyecto. Otra sentencia de la Audiencia Nacional en 2001 falló
anulando el proyecto por irregularidades en el diseño de la presa.
De momento, los acusados no han ido a juicio y el proyecto de la
presa está parado.
Junio de 2.005:
Aragón ha asistido esta semana a un acuerdo
sin precedentes. El Pleno de la Comisión del Agua, de la que
forman parte miembros tan heterogéneos como instituciones de
gobierno, partidos, regantes o asociaciones ecologistas, lograron
suscribir de manera unánime un pacto para desterrar el embalse de
Santaliestra como fórmula para regular el río Ésera y apostar
por la construcción, en su lugar, del de San Salvador «optimizado».
<ver artículo en ABC>
Junio
de 2.005:
Carlos Escartín es ex director de Obras Hidráulicas, y Tomás
Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro "consideran
que “el daño ya está hecho” aunque se retiren las demandas"
<ver artículo de Aragón Digital>
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