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EL CASO DEL LINO
Mayo de 1.996: La Comisión Europea detectó deficiencias en la gestión y control en la producción española de lino textil y de cáñamo durante 1994 y 1995. Por ello, la Dirección General de Agricultura de la UE, según Europa Press, envió un informe al Ministerio de Agricultura el 10 de mayo de 1996, antes de que se aprobara la orden ministerial que transfiere las competencias para solicitar y conceder ayudas a las comunidades autónomas, el 9 de agosto de 1997.
Durante la campaña 94-95 se registraron 238 peticiones de ayudas para 3.366 hectáreas y se recibieron 411 millones de subvención. Los incumplimientos en el control supusieron una sanción del 10% de las ayudas para el Gobierno. En la campaña siguiente, las peticiones se elevaron a 697, las hectáreas de lino a 11.024 y las subvenciones a 1.400 millones. En la actualidad, hay 91.000 hectáreas cultivadas y las ayudas superan los 10.000 millones.
La advertencia de la UE de mayo de 1996 puede crear controversia entre el PP y el PSOE ya que, aunque la campaña examinada corresponde a la época de Gobierno socialista, la advertencia del 10 de mayo de 1996 llegó al Ejecutivo del PP, constituido cinco días antes. (28/5/1.999 publicado en El País)

Año 1.998: El escándalo en las ayudas al sector del lino en España surgió en 1998, con el Gobierno del Partido Popular, como consecuencia de una denuncia de la Junta de Castilla-La Mancha. Para los responsables de esta comunidad autónoma, se estaba produciendo una grave situación de irregularidades con pagos de subvenciones a los agricultores por siembras que no se hacían, así como a las industrias por procesos de transformación ficticios en medio de la total indiferencia de los organismos de control del Estado, fundamentalmente a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Junto con el aumento de las teóricas superficies de cultivo, al aire del negocio del lino surgieron igualmente una veintena de empresas transformadoras cuyo negocio comenzaba con la venta de semillas a un precio elevado a los agricultores y terminaba con el cobro de las ayudas por un proceso de transformación de una paja que en muchos casos figuraba solamente en los papeles. Las investigaciones llevadas a cabo pusieron de manifiesto que en muchas de esas plantas no coincidían los datos sobre producción y el consumo de energía con las ayudas percibidas, lo que confirmó la existencia de posibles fraudes. El inicio de las denuncias sobre irregularidades desde Castilla-La Mancha se tradujo en un aumento de las investigaciones desarrolladas por los servicios de inspección comunitarios (OLAF), así como por unos mayores controles nacionales. Este mayor seguimiento del sector supuso una total caída de las superficies de siembra, mientras en algunas industrias se produjeron varios incendios que acabaron con la paja teóricamente almacenada, dando lugar al inicio de expedientes judiciales por la sospecha de que hubieran sido intencionados. El escándalo del lino afectó a varios personajes públicos ligados directamente al Partido Popular, entre quienes se hallaba la familia del presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, con Loyola de Palacio como responsable de Agricultura con quien había desempeñado también el puesto de subsecretario.

Año 1.999: Los incendios registrados en varias fábricas transformadoras de lino destaparon en mayo de 1999 una trama referida a presuntas irregularidades atribuibles a altos cargos del Ministerio de Agricultura en el cobro de subvenciones de la UE al cultivo del lino.
La investigación abierta al respecto constató, por una parte, el crecimiento experimentado en el cultivo de este producto en los últimos años, que pasó de 187 hectáreas en 1993 a 126.000 en 1999, después de que llegaran las ayudas comunitarias. Pero además se daba la circunstancia de que la mayor parte del lino que se producía en España era de mala calidad y escasa su incidencia en el mercado, donde apenas se utilizaba para fabricar pasta de papel.
30/5/1.999 publicado en ABC: La ex ministra de Agricultura y cabeza de lista de los populares al Parlamento Europeo, Loyola de Palacio, considera que la polémica desatada por las subvenciones de la Unión Europea al cultivo del lino es un 'montaje que ha prendido al calor de las elecciones y que detrás de la misma se están cuestionando las ayudas al sector agrario, por lo que tildó de irresponsabilidad que las acusaciones de irregularidad coincidan con la campaña electoral.
María Teresa Fernández de la Vega afirma que Loyola De Palacio deberá explicar las razones por las que nombró a estos responsables para altos cargos del Ministerio de Agricultura, pese a saber que, profesionalmente, se dedicaban al cultivo del lino y, por lo tanto, recibían subvenciones comunitarias que debían gestionar desde sus departamentos
El escándalo provocó las dimisiones de Nicolás López de Coca, director del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), y de Gonzalo Ruíz Paz, director financiero de la empresa pública Mercasa, todos ellos implicados directa o indirectamente en el negocio. El asunto salpicó también a Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, quien reconoció haber recibido cerca de 80 millones en concepto de subvenciones, pero a quien el dictamen oficial exculpó de incurrir en incompatibilidad al no realizar ninguna labor de dirección ni gestión en la explotación dedicada a este cultivo.
El asunto llegó al Congreso, donde se creó una Comisión de Investigación que se alargó durante todo el verano. En sus conclusiones, aprobadas con los votos del PP y de sus socios de Gobierno, CiU y CC, la comisión exculpó de responsabilidad a la ex ministra y consideró que no hubo trama organizada ni uso de información privilegiada por altos cargos de Agricultura y que, en todo caso la responsabilidad correspondía a las comunidades autónomas y sobre todo a Castilla-La Mancha.
20/2/2,002: El ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca y Fernández Valencia, negó ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haber sabido que sus hijos cultivaban lino hasta que estalló el escándalo por el fraude en las subvenciones europeas a este producto, en abril de 1999, causa por la que presentó su dimisión como alto cargo del Ministerio de Agricultura.